Mauricio, es Macri

Un PRO con muchos contras (Historia del Grupo Macri)

escrito por Luis Zarranz el 26 de Octubre de 2008

Los actuales (”pasados”) negocios del Grupo Macri con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires revelan la incompatibilidad que existirá con Mauricio como Jefe de Gobierno. Si bien no tiene ningún cargo oficial en las más de treinta empresas de su familia, resulta evidente los intereses privados que representa y defiende. Muchas de las decisiones (y licitaciones) de su futura gestión tendrán explicación a partir de los más de 100 millones de pesos que su holding familiar tiene en juego en la Ciudad, de la que él será la máxima autoridad política. Porque ser funcionario y tener negocios privados, eso es PRO.

Cada vez falta menos para que Mauricio Macri asuma la Jefatura de Gobierno porteño y comience a desarrollar su plan que implica la persecución de los pobres, pero no de la pobreza. Si bien resulta claro que lo más inquietante del macrismo es la (nefasta) idea que tiene para gobernar la Ciudad, y el arco social que lo sustenta, no es desdeñable hacer un repaso de los cientos de millones que unen a Mauricio, que es Macri, a la Ciudad que está próxima a gobernar.

Durante la campaña el candidato del PRO hizo un ostensible esfuerzo por despegarse de los negocios que él y su familia tienen con el Estado. A tal punto llegó esta situación que Macri hizo campaña con su nombre, Mauricio, evitando hacer uso de su apellido por los olores menemistas que de él se desprenden. Incluso, el líder del PRO le pidió a su padre Franco Macri, cabeza del holding empresario, que se alejara del país hasta que finalizara la campaña.

Antes de ser ungido como Jefe de Gobierno eran vox populi los negocios de Macri y su familia con el gobierno porteño por un valor anual que supera largamente los 100 millones de pesos. Poco importó: Mauricio fue electo. Ahora que se apresta a asumir y el choque de intereses resulta inevitable, bien vale hacer un repaso sobre Macri y sus empresas.

-El Grupo Socma (Sociedad Macri) opera desde antes de la dictadura militar y como parte del poder económico prebendario hizo negocios con todos los gobiernos sucesivos, inclusive con el de Néstor Kirchner. Mauricio fue vicepresidente hasta el 2003.

-En 1975 los Macri poseían siete empresas. Al concluir la dictadura militar tenían cuarenta y seis. La familia es parte de lo que se conoce como la “patria contratista”: genera sus ganancias a partir de negocios con el Estado, al que poco a poco van exprimiendo. Socma se benefició con la licuación de los pasivos empresarios –e hizo un intenso lobby para lograrlo-. Esa estatización de la deuda externa privada, realizada por Domingo Cavallo al asumir en el Banco Central en 1982, permitió que la deuda que las empresas tenían por haber pedido dólares a la banca internacional, pasase a ser considerada como deuda externa pública, es decir de todos. Los Macri fueron uno de los grupos económicos más beneficiados con esa medida.

-En 1979, se alzaron con Manliba, la empresa de recolección de residuos privatizada por el gobierno militar. El convenio inicial fue por cinco años, renovables automáticamente por otros cinco. Pero esta concesión terminó en un verdadero escándalo cuando la intendencias de los radicales Julio Saguier y Facundo Suárez Lastra quisieron aplicarle el 16 por ciento de desagio, mecanismo que se aplicó con el Plan Austral en forma generalizada. La empresa se resistió a la aplicación de este descuento. El litigio entre Macri y la intendencia se prolongó hasta que el Gobierno de la Ciudad dirimió a favor de Manliba. La empresa sigue siendo, en la actualidad, propiedad de los Macri.

PROpiedad privada

-A través de Intron (en la actualidad 60 por ciento de Siemens y 40 por ciento de Socma), el holding accedió, en los 90 al negocio de la administración de los recursos del Gobierno de la Ciudad. Lo hace a través de UTE-Rentas. La empresa emite, entre otras cosas, las facturas de ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) y del impuesto automotor. El contrato es de 10 millones de pesos anuales.

-También a través de Intron maneja una de las dos empresas de Control fotográfico de vehículos. La licitación es por cinco años. La facturación promedio, cuando se licitó, fue estimada en 5 millones de pesos por año.

-Dentro de Socma, Intron forma parte de una especie de subholding que también integran SEPSA y Sistemas Catastrales. A través de esta última maneja la detección de infracciones en obras y se ocupa de fiscalizar la construcción de edificios, las ampliaciones no declaradas en viviendas y también la aprobación de planos dentro de la jurisdicción porteña. Se trata de un contrato por 20 años.

-SEPSA, más conocida como Pago Fácil, fue contratada por el Banco Ciudad para el cobro de impuestos. Su facturación promedia los 4 millones de pesos anuales. El Banco Ciudad le paga a la empresa de Macri un peso por boleta.

-IECSA es una empresa especializada en ingeniería en construcciones. La firma se presentó en dos licitaciones sobre las cuales ya pasó los requerimientos técnicos. Se está a la espera de la apertura del sobre número 2, es decir, el que tiene la oferta monetaria. Una de las licitaciones, por 70 millones de dólares, es para la construcción de los denominados “reservorios”, a través de los cuales se espera mitigar las inundaciones en la Ciudad. La otra es por 22 millones de dólares para construir a nuevo la Casa Cuna.

-El Grupo Macri, con el Banco Galicia como socio minoritario, se adjudicó en 1997 la privatización del servicio postal, en una de las últimas operaciones que consumó el menemismo. En aquel momento se logró la concesión por 30 años con la promesa de pagarle al Estado un canon semestral de 51,6 millones de pesos/dólares. Sin embargo, en 1999 dejó de abonarlo. En septiembre de 2001, Correo Argentina SA entró en concurso preventivo cuando debía $ 900 millones. La deuda del Grupo Macri con el Estado s eleva a los 659 millones de dólares (en el 1 a 1), hoy más de dos mil millones de pesos (según el 3 a 1 actual) y sin tener en cuenta los intereses. El Gobierno de Néstor Kirchner le quitó la concesión por el canon atrasado pero la deuda sigue impaga.

En la ciudad de Buenos Aires el “Correo Argentino S.A.” se presentó en todas las licitaciones a las que convocaba el gobierno porteño. En una de las últimas en la que estuvo interesado estuvo a punto de adjudicarse la entrega domiciliaria de las facturas de rentas por de 10,5 millones de dólares anuales.

-Según la DGI, Sevel evadió unos 55 millones de pesos del 93 al 95 durante la presidencia de Mauricio Macri en la empresa. En 1993 Sevel de Argentina exportaba autopartes a Sevel Uruguay, lo que le permitía cobrar reintegros por exportaciones. Pero, a su vez, esas piezas, eran ensambladas allí y luego importadas a la Argentina en forma de automóviles terminados. De este modo, Sevel cobraba reembolsos por exportaciones y realizaba las importaciones con un arancel diferencial del 2 por ciento. Así, se beneficiaba con el sistema de importación compensada a partir de los automotores exportados. Tras comparar números de chasis y de motor de 1300 vehículos, se determinó que las mismas partes que salían de la Argentina a su vez eran reingresadas en el país, luego de ser compradas y vendidas por Sevel Uruguay y Drago SA, supuestamente controladas por Sevel. Un cálculo aproximado realizado por los investigadores concluyó que el monto de lo percibido como reintegro sólo en 1993 asciende a unos 7.000.000 de pesos. Se estima que estas exportaciones continuaron hasta 1995.

-Por todo esto Mauricio fue embargado por 4,9 millones de pesos, y PROcesado por “contrabando”, pero posteriormente la corte menemista con la famosa “mayoría automática” declaró inocentes a los Macri rechazando la apelación de la causa a pesar de no tener argumentos para hacerlo. Esta caso fue uno de los cargos que se le imputaron a los jueces de aquella Corte en los juicios políticos que se le iniciaron por sospechas de corrupción y por su dudoso desempeño, y que implicó el fin de la corte adicta a Menem.

-Hay quienes afirman que sin su exitoso paso por la presidencia de Boca, Mauricio nunca habría recalado en la política. Puede que sea cierto, y los 15 títulos que el club ganó bajo su mandato ya están en la vitrina. Sin embargo es harto sospechoso los números del club xeneize. Hace unos días, el futuro Jefe de Gobierno tuvo su fiesta homenaje en la cual se despidió de Boca. En ese ágape, convocado por el oficialismo boquense no se habló de las cifras. Era obvio. No obstante, a Macri no le dan los números. El último balance arroja un pasivo de 75 millones pero no da déficit (pérdidas) gracias a que se sumaron ingresos que son inexistentes. Esto resulta curioso si retomamos las palabras de Macri en 2004 (antes de la venta de Carlos Tevez por 18 millones de dólares): “Boca Juniors tiene cubierto su presupuesto por los próximos tres años”. Después de eso, Fernando Gago fue vendido al Real Madrid por 22 millones de dólares. Sin embargo, el club debe plata y no falta quien hable del desvío de fondos “hacia el proyecto de Mauricio”.

Es útil, después de varios datos, preguntarse cuál es el proyecto de Mauricio que, pese a tantas escondidas, es un fiel exponente de los Macri.

Y éste también es un dato irrefutable.

posteado por PAOLAM en Igooh

ALLANÓ LA SEDE DE TRES EMPRESAS

El juez Lijo sigue la pista de los llamados

Publicado el 22 de Julio de 2011

Telecom aportó los datos que permitieron llegar a las direcciones IP de las PC desde donde salieron los llamados. La Gendamería registró las oficinas de TAG Continental, Connectic SRL y NSS, de las que retiró papelería y computadoras.

A principios de semana la empresa Telecom notificó a la Secretaría Electoral de la Capital Federal que había identificado el origen de llamados telefónicos a sus clientes con la grabación de la supuesta encuesta que vinculaba al padre de Daniel Filmus, Salomón, con Sergio Schoklender.
Los llamados se realizaron mediante tecnología de Internet que utiliza como plataforma la red, triangula la comunicación con un servidor en el exterior y se mete en el sistema de telefonía de un país por una vía poco convencional. Por lo general, ese sistema se utiliza para abaratar costos y no difiere mucho del programa más conocido en Internet, el Skype.
El dato que aportó el informe de Telecom permitió llegar hasta la IP desde la cual partieron las comunicaciones. Ese código posibilitó identificar a las empresas TAG Continental, Connectic SRL y NSS, con domicilios en Libertad 1240, Talcahuano 446 y Virrey Ceballos 422. En el edificio de la calle Libertad, según intentaba confirmar la Secretaría Electoral, funcionan oficinas de Jaime Durán Barba, el asesor de imagen de Macri. Hasta anoche, esa información no había sido oficialmente confirmada por la justicia.
Un dato llamativo: en Libertad 1240 funciona efectivamente TAG Continental, pero en Internet figura como su dirección la de Talcahuano 446. El allanamiento ordenado en Libertad, sin embargo, no era contra TAG sino contra Connectic. La investigación apunta a determinar si se trata de la misma empresa con dos nombres distintos, o de empresas con un mismo dueño pero diversificación de funciones.
NSS, la tercera compañía allanada, es especialista en “call center”. De hecho, el nombre de fantasía con que opera en plaza es Iplan.
Los allanamientos fueron siete, porque las pericias previas incluían informes de direcciones anteriores de las empresas. Comenzaron el miércoles y terminaron formalmente a las 17 del jueves. Los operativos fueron realizados por la Gendarmería y los funcionarios retiraron tanto papelería como computadoras.
La medida judicial tenía esencialmente dos objetivos: confirmar que los llamados partieron desde esas empresas, y la documentación que demuestre quién contrató ese servicio de pseudo encuestas.
Todo el material secuestrado en los allanamientos será trasladado a la Secretaría Electoral, en el subsuelo del Palacio de Tribunales.
Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Ariel Lijo, como subrogante de la competencia electoral porque la jueza a cargo, María Servini de Cubría, y el fiscal Jorge Di Lello están de licencia por la feria judicial de invierno.
La denuncia original que disparó la investigación fue realizada por el vicepresidente del Partido Justicialista (PJ) distrito Capital Federal, Juan Manuel Olmos. Hasta ahora sólo se está investigando un delito electoral. Prueba de ello es que ni Lijo, ni antes Servini, declinaron la competencia. Si hubieran entendido que había un delito penal, debieron haber mandado el expediente a la Cámara Federal para que sorteara un juzgado para llevar adelante la investigación.
El delito que se está investigando es la violación al artículo 140 de la Ley 19.945, que no es otra cosa que el Código Electoral Nacional. El artículo en cuestión dice textualmente: “Inducción con engaños. Se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo”. El decreto que reglamenta la norma es el 2135 y fue sancionado el 18 de agosto de 1983, como marco legal para las elecciones de regreso de la democracia. Lleva las firmas de Reynaldo Benito Bignone y del último ministro del Interior de la dictadura, Llamil Reston.

Nota de Néstor Espósito, en el diario Tiempo Argentino del 22 de Julio de 2011.

LA CONEXIÓN DE CONNECTIC CON EL PRO

Un contrato que prueba la vinculación

Publicado el 22 de Julio de 2011

Rodríguez Larreta firmó el convenio para la adquisición de un servicio de llamadas automáticas a esa firma por $ 1.334.000.

A pesar de los esfuerzos del macrismo para desvincular a Jaime Durán Barba de la investigación judicial por la campaña sucia contra Daniel Filmus, hay datos que revelan una compleja relación societaria entre varias de las empresas allanadas y Rodrigo Lugones, el socio del gurú ecuatoriano. Según el acta de constitución de la consultora Opinión Confidencial SRL, Lugones forma parte de su directorio desde el 17 de noviembre de 2008, cuando registró la creación de esa consultora junto a Guillermo José Garat, hasta ahora, un ignoto hombre de las comunicaciones. Gracias a un dato, pasará a ser un ilustre desconocido: su nombre aparece como parte del directorio de la consultora Connectic SRL. Durante la conferencia de prensa que ofrecieron ayer, Durán Barba y Rodríguez Larreta negaron cualquier vinculación con esa empresa, pero una resolución firmada por el propio jefe de Gabinete porteño lo desmiente. El 15 de abril de 2010, el mismo premier porteño firmó la Resolución 296-MJGGC/10, donde le entregó a Connectic un contrato por 1.334.000 pesos para la adquisición de “un servicio de sistema de llamadas automáticas con resultados georreferenciados por un año”. La contratación fue realizada por audiencia pública pero, curiosamente, Connectic quedó como única oferente y a partir del 17 de marzo del año pasado resultó la única seleccionada. Un mes después, la empresa se alzó con el contrato y su identidad quedó perdida en la burocracia hasta que Lijo decidió exigirle a Telecom y Telefónica que le aportaran la lista de empresas que funcionaron como “carriers locales” para la operación contratada en los Estados Unidos a la telco VoIP, una empresa global dedicada a la realización de encuestas por vía IP, un sistema por vía satelital que, para llegar a destino, necesita de empresas locales. Así fue que los allanamientos llegaron hasta las puertas de Connectic y de Tag Continental, otra empresa que figura como propiedad compartida de Garat y Nicolás Marco. Según los registros societarios de Tag, la consultora fue fundada en 2009, tiene un capital social de 10 mil pesos, y se dedica, al igual que las otras empresas, a la realización de encuestas y estudios de mercado. Tag nació cinco años después que Connectic –que comenzó a funcionar en 2004– con funciones similares y socios en común.
En esa curiosa lista de coincidencias aparece la consultora Opinion Confidencial SRL, que nació en noviembre de 2008, cuando el macrismo llevaba un año de gestión. Las escrituras no dejan lugar a dudas: su directorio alumbró integrado por Lugones y por Garat. Su misión: realizar investigaciones de márketing y publicidad en todos los medios de comunicación, algo similar a los servicios que presta NSS SA, la otra empresa allanada. A diferencia de los otros eslabones de la cadena de consultoras 2.0, NSS es la más antigua de la red. Tiene 12 años de antigüedad y entre su documentación oficial aparecen ambiciosos contratos para la transmisión de datos que fueron firmados con Telefónica, Telecom, Comsat y Gigared. Mientras tanto, Durán Barba niega todo, pero hay rastros que podrían sembrar dudas sobre sus certezas. Uno de ellos fue publicado el 12 de marzo de 2010, un mes antes de que Rodríguez Larreta contratara los servicios de Connectic SRL. Ese día, en una entrevista concedida a la revista Weekend de Jorge Fontevecchia, el consultor consideró a Opinión Confidencia como su “encuestadora local” con la que reconoció haber hecho “relevamientos diarios”. Allí, exultante, también menciona la presencia de su discípulo Lugones, por aquel entonces, un activo socio de Garat, en una ingeniería societaria que recién ahora comenzó a ver la luz. Nadie sabe por cuánto tiempo. La última palabra la tendrá la justicia.

Nota del diario Tiempo Argentino

Campaña sucia: allanan firmas de Durán Barba, el asesor de Macri

Daniel Filmus denunció que existe conexión entre algunas empresas que hicieron la encuesta trucha antes de las elecciones porteñas y el consultor Jaime Durán Barba. El PRO dijo que fue un “manotazo de ahogado”.

Los esfuerzos del macrismo por conquistar la Web y el mundo 2.0 están a un paso de engrosar la causa federal que instruye desde hace dos semanas el juez Ariel Lijo. Contra todos los pronósticos, la investigación judicial que indaga la campaña sucia contra la candidatura del senador Daniel Filmus comenzó a dar sus frutos en Buenos Aires, pero muy lejos de Miami, la ciudad donde un cliente, hasta ahora desconocido, contrató a una empresa extranjera para poner en marcha, antes de la primera vuelta, una serie de encuestas que vinculaban al padre del candidato a jefe de gobierno del kirchnerismo como proveedor de Sergio Schocklender. Luego de radicar la denuncia ante la justicia electoral, Filmus desmintió que su padre tuviera alguna relación con el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y pidió a los tribunales que investigaran quién y cómo contrató un servicio para que miles de votantes porteños recibieran una tormenta de llamadas con preguntas basadas en datos falsos para forzar su voto. Al principio, la contratación del servicio en los Estados Unidos entorpeció el descubrimiento de la ruta del dinero, pero no impidió la investigación para esclarecer la conexión local, es decir, para lograr la indentificación de las empresas que trabajaron localmente para llevar adelante la encuesta telefónica. Con ese objetivo, el juez federal Ariel Lijo ordenó a la Gendarmería Nacional que realizara siete allanamientos, entre ellos los de las empresas Connectic SRL, ubicada en Talcahuano 446; NSS, con domicilio en la calle Virrey Ceballos 422; y TAG Continental, con sede central en el 1240 de la calle Libertad. Según el juez, las tres firmas forman parte de la respuesta que entregó Telecom de Argentina cuando Lijo decidió avanzar sobre la pista local de la operación que, según la denuncia, contó con decenas de miles de llamadas, la pegatina de una serie de afiches apócrifos y la construcción de una página web cuyo dominio también fue registrado en los Estados Unidos. Durante los procedimientos, los gendarmes secuestraron documentación y los servidores de donde se habrían realizado los llamados por cuenta de una empresa norteamericana.
Cuando la justicia confirmó el hallazgo, los dos protagonistas de la segunda vuelta del 31 de julio comenzaron una polémica pública que todavía no ha terminado. Por la tarde, Filmus se presentó junto a su padre Salomón Filmus, de 88 años, y a su compañero de fórmula, Carlos Tomada, en el salón Arturo Illia del Senado de la Nación, y allí acusaron a Jaime Durán Barba y a Mauricio Marci de ser los responsables de la “campaña sucia”. “Estamos acá porque mi papá ha sido objeto de calumnias e injurias a través de un sistema telefónico. Durante un largo mes, cientos de miles de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires recibieron llamados que repetían una y otra vez que él era arquitecto, que trabajaba en negocios turbios. Y nosotros nos vimos obligados a hacer una denuncia por esta campaña sucia, porque como lo he aclarado otras veces ya, mi padre ni siquiera es arquitecto.” A su costado, el ministro de Trabajo de la Nación y compañero de fórmula de Filmus amplió los detalles de la causa y confirmó que, dentro de los informes de Telecom, aparecía la empresa Tag Continental, una empresa vinculada a Rodrigo Lugones, director ejecutivo de Durán Barba y Asociados. Cuando los voceros del PRO advirtieron la dimensión de la denuncia, convocaron de inmediato a una conferencia de prensa en la sede de gobierno porteño, pero media hora después la mudaron al local que tiene el PRO en la calle Venezuela. Allí Horacio Rodríguez Larreta encabezó la conferencia del macrismo, junto a Durán Barba y al secretario general Marcos Peña. Visiblemente desencajado, el jefe de Gabinete porteño calificó la denuncia por la campaña sucia como un “manotazo de ahogado”, mientras que el consultor ecuatoriano aseguró que no tiene ninguna empresa radicada en el país.
Cuando los periodistas le consultaron sobre la relación con Lugones, Durán Barba reconoció que fue su alumno, y actualmente es su socio. “Que yo sepa no”, contestó el experto cuando le preguntaron si Lugones utilizó esa consultora para hacer la campaña sucia. “Le pregunté si tenía acciones, y lo aclaro, no estoy esquivando el cuerpo, pero esa empresa no es de Lugones. No creo que lo hayan hecho. Probablemente, además, son inocentes”, dijo el gurú. Había omitido un dato: Lugones aparece como socio de Guillermo José Garat, quien figura como miembro del directorio de las otras empresas investigadas. Quizás, la punta de un iceberg que aparece en medio de una campaña que a partir de ahora promete ser imprevisible.

Informe: Carlos Romero
y Agustín Alvarez Rey.

Nota de Tiempo Argentino del 22 de Julio de 2011

Por Claudio Mardones

El suicidio que más preocupa a Macri | Tiempo Argentino

El suicidio que más preocupa a Macri

Los allanamientos ordenados por el juez Ariel Lijo a las empresas macristas involucradas en la “campaña sucia” contra Daniel Filmus sirvieron, entre otras cosas, para recordarnos que por debajo del cotillón cromático y la globología pavota, la ciudad capital de todos los argentinos está en manos de un grupo temible, y no tanto por el sustrato ideológico que lo anima –se puede ser de derecha y decente–, sino por sus prácticas ilícitas que producen un “watergate” semanal con blindaje mediático garantizado.
El 47% de los porteños votó en primera vuelta a un señor que está judicialmente procesado por un caso de espionaje que haría enrojecer al propio Nixon. Es probable que esos electores no hayan tenido en cuenta el prontuario de Macri a la hora de enfrentarse con la urna. Eso no los convierte en cómplices de nada.
Quizá privilegiaron equilibrar el poder de Cristina, sin demasiadas vueltas. O ni siquiera recordaron el antecedente judicial. O les pareció que Filmus era un delegado gubernamental que ponía en cuestión la autonomía. Hay muchas razones, desde las más trascendentes hasta las más triviales, para explicar el comportamiento de los votantes.
Pero cualquier análisis serio debe partir de la base de que es inescindible el trato dado por Clarín y La Nación al escándalo Schoklender de la indigesta operación telefónica de Durán Barba, Rodríguez Larreta y Macri que asoció falsamente al padre de Filmus con el parricida que manejó las finanzas de Sueños Compartidos.
Este favor de los medios hegemónicos al oficialismo porteño funcionó, durante toda la campaña, como un inmenso manto que ocultó lo que pretendían que permaneciera ausente del debate público, habilitando sólo los temas que eran funcionales a la perpetuación del statu quo, porque en el caso del “antikirchnerista” Clarín, además, estamos hablando de un grupo empresario que tiene negocios con el macrismo, ahora mismo, en tiempo real, cobrándoles más caras las PC que distribuye el PRO –como consta en la denuncia de la legisladora de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti–-, y recibiendo pauta publicitaria sin ningún tipo de control.
Para decirlo con todas las letras: aunque en ambos casos es discrecional y pasible de ser legislado, es mucho más transparente el sistema de distribución del Ejecutivo Nacional (al que puede accederse por Internet, al menos) que el del gobierno porteño, que es un verdadero agujero negro.
Fue Mauricio Macri quien vetó parcialmente una ley que regulaba el manejo de los fondos públicos en esta área, cuando podría haber hecho lo contrario para cumplir, si se quiere, con las formas republicanas. Pero no. Pueden preguntárselo a la Coalición Cívica y a Proyecto Sur, y no al Frente para la Victoria, si prefieren. E, incluso, a Laura Alonso, ex titular de Poder Ciudadano y actual diputada nacional del propio PRO, salvo que haya cambiado de opinión desde que pasó a ser política y no infatigable escudriñadora de una ONG.
También sería interesante que consulten, los cronistas de Clarín y La Nación, con la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), sobre por qué tuvieron que judicializar los pedidos de los años 2009 y 2010 para acceder a algún dato sobre la ejecución de partidas. La opacidad, por supuesto, tiene una explicación.
Tiempo Argentino publica hoy una nueva investigación donde queda al desnudo el affaire más invisibilizado por los medios hegemónicos que protegen al jefe PRO, como prueba del vergonzoso blindaje mediático del que goza: el suicidio de Gregorio Centurión, su compañero de estudios en el Cardenal Newman, en SOCMA y en la Secretaría de Comunicación Social del gobierno porteño.
Un hombre que no resistió el oscuro y arbitrario manejo de fondos públicos, es decir, de todos los contribuyentes, por parte de los funcionarios macristas. Al que, incluso, después de muerto, le hicieron firmar partidas que beneficiaron a un grupo de empresas cautivas del aparato gubernamental capitalino. Sí, después de muerto. Un acto mafioso, denunciado por una legisladora de la Coalición Cívica, a la que hoy no se le permite acceder al expediente judicial por la extraña muerte de Centurión.
Son ocho páginas, en formato de suplemento especial, para guardar. Porque somos, de algún modo, custodios de la memoria. Llegamos al kiosco para decir lo que otros callan. Cumplimos.
Decíamos que Macri forjó una estructura de espionaje sobre opositores que la misma BBC comparó con el caso Murdoch, escándalo que le costó el puesto al portavoz del premier británico David Cameron y a la cúpula de Scotland Yard, por ahora. Y, sin embargo, el esposo de Juliana Awada fue tratado con mano de seda por sus escudos mediáticos, al punto que una visita suya a los tribunales de Comodoro Py en plena campaña no salió ni en los obituarios. Quedó en las hemerotecas para vergüenza del periodismo futuro.
Todo esto excede un acto electoral. Habla de una democracia renga, porque los diarios hegemónicos violan el derecho a la comunicación de toda la sociedad cuando eligen desinformar, manipular o distorsionar ciertos temas y no otros. El problema no es la derecha, en términos ideológicos, como creen algunos kirchneristas enojados con el voto porteño, a los que bien les sienta la queja perpetua, el testimonialismo y la resistencia cultural.
Estamos en presencia de una formidable maquinaria mediática que, por dinero y sólo por dinero, se erige en brazo de propaganda de un sector político al que eligen como propio, anulando, ignorando o estigmatizando a las otras voces existentes. Eso hiere el pluralismo y convierte a la nuestra en una democracia de baja intensidad, donde el voto calificado de las corporaciones vale doble.
Por eso, ustedes, nuestros lectores, se enteran de las razones que llevaron a la muerte a Gregorio Centurión recién ahora, después de un trabajo periodístico de cuatro meses de rigurosa pesquisa.
Quedan así expuestas prácticas corruptas del macrismo que sólo son posibles al amparo de la oscuridad. Pero, a la vez, toda esta historia esconde una microhistoria: la muerte de la empleada de Centurión, Lorena Salvatori, un mes después que la de su jefe. Tenía 24 años. Estaba en negro y nunca tuvo obra social. Es una víctima del fraude laboral. Sus familiares crearon un blog (corrupcióngcba.blogspot.com) para denunciar lo ocurrido.
Este número de Tiempo Argentino está dedicado a su memoria.

Nota de Tiempo Argentino del 24 de Julio de 2011.

La BBC compara las escuchas de Macri con el caso Murdoch

La cadena inglesa de noticias mostró las similitudes entre las pinchaduras telefónicas del News of the World y el espionaje ilegal del gobierno porteño .

La cadena informativa inglesa BBC comparó el affaire de las escuchas ilegales en el seno del gobierno porteño de Mauricio Macri con las pinchaduras telefónicas realizadas por el consorcio liderado por Rupert Murdoch en el Reino Unido.
“En América Latina también se desataron por lo menos dos escándalos recientemente –en Argentina y Colombia– vinculados a presuntas escuchas ilegales”, explica la BBC en su sitio de Internet.
A pesar de haber renunciado a su candidatura presidencial y de estar muy cerca de la reelección en la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri parece haber trascendido las fronteras argentinas.
La British Broadcasting Corporation (BBC), principal cadena informativa inglesa y una de las más prestigiosas del mundo, comparó las escuchas ilegales producidas en el gobierno porteño con las ordenadas por los medios del magnate australiano Rupert Murdoch (más información en p. 22 y 23).
En Inglaterra el escándalo provocó el cierre del tabloide amarillista News of the World y se cobró los puestos de varios empleados jerárquicos del conglomerado mediático, como la directora ejecutiva de News International, Rebekah Brooks, y de su homólogo en Dow Jones, el servicio financiero de News Corp, Les Hilton.
Las consecuencias del tsunami periodístico también llegaron al gobierno inglés y produjeron la partida de Andy Coulson, portavoz del primer ministro inglés David Cameron y de los número uno y dos de Scotland Yard, sospechados de formar parte de la cadena de espionaje que pinchó los teléfonos de ciudadanos británicos para conseguir noticias exclusivas.
Luego de resumir la situación en el Reino Unido, la noticia publicada en el portal BBC Mundo aborda el caso que complica a Macri.
“En Argentina, el actual jefe de gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, está siendo enjuiciado por presuntas escuchas ilegales. Un juez lo señaló como parte de una red ilegal de espionaje dirigida desde el gobierno de la Capital. El cargo que enfrenta es de “asociación ilícita”, puede leerse en la sección Internacionales del sitio: <http://www.bbc.co.uk>.
La nota registra algunas inexactitudes, pero explica que la persona que destapó el caso fue un familiar de las “víctimas del atentado a la Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994, en el que murieron más de 80 personas”.
El artículo también explica las consecuencias para el ejecutivo que dirige Macri, bastante más modestas que las ocurridas en Inglaterra.
“El escándalo llevó a la renuncia del entonces ministro de Educación de Buenos Aires, Mariano Narodowski, quien había contratado a Ciro James”, aparece en la nota, en la que se recuerdan las denuncias del magnate tandilense contra el juez federal Norberto Oyarbide.

Nota de Tiempo Argentino del 21 de Julio de 2011

Macri: más complicado con las escuchas

Jorge "Fino" Palacios admitió que él mismo había pedido, a través del sistema Nosis, datos patrimoniales de legisladores y gremialistas. Explicó que era porque quería iniciarles un juicio. Intentó despegar a Macri, también procesado.

El ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, admitió que espió a opositores políticos y gremiales al gobierno de Mauricio Macri durante la misma época en que comandaba la fuerza porteña en su etapa de estreno, en 2009. Al ser indagado por estos hechos en el juzgado de Norberto Oyarbide, que forman parte de la causa en la que ya está procesado por escuchas ilegales, el ex comisario dijo que él mismo se había ocupado de pedir a través del sistema Nosis los datos patrimoniales y financieros de legisladores y dirigentes a los que planeaba demandar porque lo habían cuestionado –entre otras cosas– por su papel en las irregularidades de la investigación del atentado a la AMIA.

El magistrado lo había citado como sospechoso con el argumento de que espiar y acopiar datos privados sobre personas está prohibido para los miembros de las fuerzas de seguridad. Con la teoría de que hizo todo a título personal, Palacios intentó de paso despegar al candidato que en nueve días va por un nuevo mandato en la Ciudad, que nunca dejó de defenderlo, y que también está procesado como parte de la misma asociación ilícita.

Esta semana, además, el juez recibió un dato importante: el espía Ciro James, procesado como ejecutor de las pinchaduras telefónicas, no sólo fue empleado fantasma del Ministerio de Educación porteño mientras se hacían escuchas ya en 2008, sino que llegó a ser inscripto por el Ministerio de Justicia en la AFIP como integrante de la Metropolitana en septiembre de 2009, justo el mismo mes que le intervinieron el teléfono a Sergio Burstein, dirigente de Familiares del atentado a la AMIA (ver recuadro).

Oyarbide dio con las listas de Nosis de Jorge Palacios en un allanamiento hace más de un año en las oficinas de su consultora privada, Strategic Security Consultancy, en Maipú al 200, una empresa que habría mantenido en funcionamiento aún cuando se hizo cargo de la policía porteña. Los nombres de los investigados aparecieron en una PC dentro de un archivo que estaba rotulado “Osvaldo”, por Osvaldo Chamorro, que era su número dos en la Metropolitana y también trabajaba con él en la agencia. Es más, tenía su estudio de abogado en el mismo piso, y sus oficinas estaban interconectadas. Cuando declaró, tiempo atrás, Chamorro dijo que él no tenía idea de cómo se usaba el Nosis. Palacios admitió ayer que fue él quien tramitó los informes que están bajo la lupa y no su viejo coequiper, quien hoy llegará un poco más tranquilo a su cita con la justicia.

Palacios tuvo que dar explicaciones ayer por los informes económicos que gestionó desde julio de 2009, la fecha en que Macri –de quien siempre fue su comisario favorito– lo puso al frente de la Metropolitana, donde duró unos pocas semanas precisamente porque se le venía encima el procesamiento por encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA, que finalmente dispuso el juez Ariel Lijo. A partir de esa época recogió datos de los legisladores Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro), Diana Maffía (Coalición Cívica) y Silvia La Ruffa (kirchnerista, con mandato cumplido), así como del dirigente de los municipales Patricio Datarmini. Los de éste último, por ejemplo, los pidió el mismo día en que se celebraban las elecciones en el gremio. También, llamativamente, había requerido información del jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Oyarbide, siguiendo un criterio que había introducido la Sala I de la Cámara Federal, interpretó que el rastreo de datos por medio del sistema Nosis era una de las facetas de la trama de espionaje por la cual se habían realizado una decena de pinchaduras telefónicas en las que tanto Macri como Palacios están implicados, procesados como miembros de una asociación ilícita, junto con el espía James. El acopio de datos sobre los dirigentes opositores al macrismo, según el juez, contraría la ley de seguridad de la Ciudad que “prohíbe expresamente” al personal de la policía local juntar información privada sobre personas por sus actividades, raza, religión preferencias sexuales o lo que fuere, pero también violaría la ley nacional que impide hacer inteligencia interior, según explicaron fuentes de la causa. A todo esto se sumaría la incompatibilidad de manejar una consultora privada en paralelo la conducción de la policía porteña.

Palacios llegó al juzgado con un pilón de recortes de diario, acompañado del abogado Diego Richards, e intentó defenderse con la teoría de que se había puesto a investigar a determinados políticos porque pensaba iniciarles una demanda civil debido a los cuestionamientos que habían hecho sobre su designación como jefe de la Metropolitana: su posible responsabilidad en las irregularidades de la investigación del atentado a la AMIA y en el operativo policial de diciembre de 2001; y su relación con Jorge Sagorsky, hombre clave de una banda de reducidores de autos que fue además condenado a seis años por el secuestro de Axel Blumberg.

Desde la defensa de Palacios, dijeron a este diario que lo que le interesaba era obtener los datos personales de las personas que denunciaría para saber de qué bienes disponían, dado que demandaría un resarcimiento económico. Acerca del informe sobre Rodríguez Larreta dio una justificación más asombrosa aún: que lo había citado a una reunión en la casa del funcionario, pero no tenía su dirección, entonces se le ocurrió pedirla en la base de datos de Nosis.

En definitiva, lo que Palacios intentó demostrar fue que toda la pesquisa fue un asunto suyo, ajeno a su función al frente de la policía porteña y, por tanto, ajena también al jefe de Gobierno. Insistió en que Nosis es una base de acceso público. Sin embargo, era el jefe de la Policía Metropolitana. Tampoco tuvo en cuenta, por ejemplo, que las personas a las que señala, cuestionaban su designación como jefe policial precisamente en su carácter de dirigentes o legisladores.

Fino Palacios y Ciro James estuvieron presos durante más de un año como miembros de lo que Oyarbide considera que funcionó como una asociación ilícita dedicada a hacer espionaje mediante escuchas (que realizaba la SIDE con órdenes de jueces de Misiones en expedientes truchos) y otros tipos de seguimiento, como el de Nosis. Fueron liberados a fines de 2010, pero sus procesamientos siguen en pie. Después de que indague a Chamorro el juez tendrá diez días para resolver si él y Palacios incumplieron sus deberes de funcionarios con sus actividades en Strategic Security. Macri, que también sigue procesado como parte de la organización, todavía espera un milagro en la Cámara de Casación, difícil de imaginar antes del 10 de julio.

Fuente:

Por Irina Hauser y Raúl Kollmann