El juez Lijo sigue la pista de los llamados
Publicado el 22 de Julio de 2011Telecom aportó los datos que permitieron llegar a las direcciones IP de las PC desde donde salieron los llamados. La Gendamería registró las oficinas de TAG Continental, Connectic SRL y NSS, de las que retiró papelería y computadoras.
A principios de semana la empresa Telecom notificó a la Secretaría Electoral de la Capital Federal que había identificado el origen de llamados telefónicos a sus clientes con la grabación de la supuesta encuesta que vinculaba al padre de Daniel Filmus, Salomón, con Sergio Schoklender.
Los llamados se realizaron mediante tecnología de Internet que utiliza como plataforma la red, triangula la comunicación con un servidor en el exterior y se mete en el sistema de telefonía de un país por una vía poco convencional. Por lo general, ese sistema se utiliza para abaratar costos y no difiere mucho del programa más conocido en Internet, el Skype.
El dato que aportó el informe de Telecom permitió llegar hasta la IP desde la cual partieron las comunicaciones. Ese código posibilitó identificar a las empresas TAG Continental, Connectic SRL y NSS, con domicilios en Libertad 1240, Talcahuano 446 y Virrey Ceballos 422. En el edificio de la calle Libertad, según intentaba confirmar la Secretaría Electoral, funcionan oficinas de Jaime Durán Barba, el asesor de imagen de Macri. Hasta anoche, esa información no había sido oficialmente confirmada por la justicia.
Un dato llamativo: en Libertad 1240 funciona efectivamente TAG Continental, pero en Internet figura como su dirección la de Talcahuano 446. El allanamiento ordenado en Libertad, sin embargo, no era contra TAG sino contra Connectic. La investigación apunta a determinar si se trata de la misma empresa con dos nombres distintos, o de empresas con un mismo dueño pero diversificación de funciones.
NSS, la tercera compañía allanada, es especialista en “call center”. De hecho, el nombre de fantasía con que opera en plaza es Iplan.
Los allanamientos fueron siete, porque las pericias previas incluían informes de direcciones anteriores de las empresas. Comenzaron el miércoles y terminaron formalmente a las 17 del jueves. Los operativos fueron realizados por la Gendarmería y los funcionarios retiraron tanto papelería como computadoras.
La medida judicial tenía esencialmente dos objetivos: confirmar que los llamados partieron desde esas empresas, y la documentación que demuestre quién contrató ese servicio de pseudo encuestas.
Todo el material secuestrado en los allanamientos será trasladado a la Secretaría Electoral, en el subsuelo del Palacio de Tribunales.
Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Ariel Lijo, como subrogante de la competencia electoral porque la jueza a cargo, María Servini de Cubría, y el fiscal Jorge Di Lello están de licencia por la feria judicial de invierno.
La denuncia original que disparó la investigación fue realizada por el vicepresidente del Partido Justicialista (PJ) distrito Capital Federal, Juan Manuel Olmos. Hasta ahora sólo se está investigando un delito electoral. Prueba de ello es que ni Lijo, ni antes Servini, declinaron la competencia. Si hubieran entendido que había un delito penal, debieron haber mandado el expediente a la Cámara Federal para que sorteara un juzgado para llevar adelante la investigación.
El delito que se está investigando es la violación al artículo 140 de la Ley 19.945, que no es otra cosa que el Código Electoral Nacional. El artículo en cuestión dice textualmente: “Inducción con engaños. Se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo”. El decreto que reglamenta la norma es el 2135 y fue sancionado el 18 de agosto de 1983, como marco legal para las elecciones de regreso de la democracia. Lleva las firmas de Reynaldo Benito Bignone y del último ministro del Interior de la dictadura, Llamil Reston.
Los llamados se realizaron mediante tecnología de Internet que utiliza como plataforma la red, triangula la comunicación con un servidor en el exterior y se mete en el sistema de telefonía de un país por una vía poco convencional. Por lo general, ese sistema se utiliza para abaratar costos y no difiere mucho del programa más conocido en Internet, el Skype.
El dato que aportó el informe de Telecom permitió llegar hasta la IP desde la cual partieron las comunicaciones. Ese código posibilitó identificar a las empresas TAG Continental, Connectic SRL y NSS, con domicilios en Libertad 1240, Talcahuano 446 y Virrey Ceballos 422. En el edificio de la calle Libertad, según intentaba confirmar la Secretaría Electoral, funcionan oficinas de Jaime Durán Barba, el asesor de imagen de Macri. Hasta anoche, esa información no había sido oficialmente confirmada por la justicia.
Un dato llamativo: en Libertad 1240 funciona efectivamente TAG Continental, pero en Internet figura como su dirección la de Talcahuano 446. El allanamiento ordenado en Libertad, sin embargo, no era contra TAG sino contra Connectic. La investigación apunta a determinar si se trata de la misma empresa con dos nombres distintos, o de empresas con un mismo dueño pero diversificación de funciones.
NSS, la tercera compañía allanada, es especialista en “call center”. De hecho, el nombre de fantasía con que opera en plaza es Iplan.
Los allanamientos fueron siete, porque las pericias previas incluían informes de direcciones anteriores de las empresas. Comenzaron el miércoles y terminaron formalmente a las 17 del jueves. Los operativos fueron realizados por la Gendarmería y los funcionarios retiraron tanto papelería como computadoras.
La medida judicial tenía esencialmente dos objetivos: confirmar que los llamados partieron desde esas empresas, y la documentación que demuestre quién contrató ese servicio de pseudo encuestas.
Todo el material secuestrado en los allanamientos será trasladado a la Secretaría Electoral, en el subsuelo del Palacio de Tribunales.
Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Ariel Lijo, como subrogante de la competencia electoral porque la jueza a cargo, María Servini de Cubría, y el fiscal Jorge Di Lello están de licencia por la feria judicial de invierno.
La denuncia original que disparó la investigación fue realizada por el vicepresidente del Partido Justicialista (PJ) distrito Capital Federal, Juan Manuel Olmos. Hasta ahora sólo se está investigando un delito electoral. Prueba de ello es que ni Lijo, ni antes Servini, declinaron la competencia. Si hubieran entendido que había un delito penal, debieron haber mandado el expediente a la Cámara Federal para que sorteara un juzgado para llevar adelante la investigación.
El delito que se está investigando es la violación al artículo 140 de la Ley 19.945, que no es otra cosa que el Código Electoral Nacional. El artículo en cuestión dice textualmente: “Inducción con engaños. Se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo”. El decreto que reglamenta la norma es el 2135 y fue sancionado el 18 de agosto de 1983, como marco legal para las elecciones de regreso de la democracia. Lleva las firmas de Reynaldo Benito Bignone y del último ministro del Interior de la dictadura, Llamil Reston.
Nota de Néstor Espósito, en el diario Tiempo Argentino del 22 de Julio de 2011.
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