Tan pronto advertimos el escenario amarillista montado en torno a las supuestas actividades indecorosas del juez Eugenio Zaffaroni, creemos presenciar un espectáculo ficcional semejante a los soporíferos escándalos mediáticos que inundan las pantallas televisivas, pero ni bien se cuelan al escenario especulaciones de incidencia política, e incluso, absurdos pruritos republicanos de oportunistas candidatos que reclaman la renuncia del magistrado por quién sabe qué desempeño defectuoso, alardeando además un bochornoso desconocimiento de la ley y la Constitución, nos enfrentamos a una ostensible operación mediático-política desestabilizante, cuyos contornos y objetivos no resultan difíciles de vaticinar.Frente a una porción político-ideológica insuflada en estos días al calor popular de los últimos resultados electorales, y frente a otros espacios políticos que condenados al ostracismo pretenden capturar cualquier milimétrico espacio de protagonismo televisivo, resulta esperable que se proyecten desde los laboratorios de formación de opinión escenarios fantásticos y catastróficos que procuren horadar la credibilidad y el honor de personajes públicos que de algún modo se emparenten, por acción o predicada simpatía, con el proyecto popular considerado enemigo público a destruir.Es indudable que a la mirada de algunos, Eugenio Zaffaroni representa significativos valores ético-jurídicos que una visión conservadora y recalcitrante no estaría dispuesta a tolerar, sumando a ello pendientes decisiones del máximo tribunal sobre las cuales giran inmensos intereses corporativos que no debemos desplazar del análisis.
Algunos desvergonzados opinólogos han pretendido encontrar en los confines del código penal aspectos que ligan el fabricado escándalo con la trata de personas, el proxenetismo y otros disparates de igual magnitud, además de exigir rectitudes republicanas que difícilmente puedan acreditar esos mismos paladines de la moral. Para aclarar: 1) la prostitución no es delito; 2) la ley de profilaxis antivenérea 12.331 castiga a los regentes de prostíbulos por afectar la salubridad pública, no a los locadores, 3) el locador no puede responsabilizarse penalmente por la actividad del locatario, 4) no constituye mal desempeño constitucional alquilar inmuebles a personas que eventualmente ejercen la prostitución, máxime cuando la locación se terceriza. Si echamos a volar la imaginación no resultaría fantasioso sostener que la denominada Rita sea un producto pergeñado por algún integrante del abanico interesado en desprestigiar al juez, extremo que nos exige velar por hombres de la talla moral y jurídica de Eugenio Zaffaroni, irreprochable en su conducta a través de los años, y valiosos para la conformación del máximo tribunal de la República.
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